INJUSTICIA PARA LOS ENCARGADOS DE APLICAR "JUSTICIA"

Bruno Tlacaélel García López

La Policía Auxiliar del Distrito Federal forma parte de la Secretaria de Seguridad Pública del D.F. y entre sus principales funciones están las de mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, así como la de colaborar en la prevención e investigación de los delitos cometidos en la capital del país. Fue creada oficialmente en febrero de 1941 por Decreto Presidencial, y en julio 1984, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Policía Preventiva del D.F., donde se establece que la Policía Auxiliar forma parte de la Policía del D.F. 

​            Por tanto, la Policía Auxiliar (P.A.) es una agrupación policial que depende del Gobierno del Distrito Federal (GDF), con más de 40 mil elementos que brindan seguridad, principalmente, a negocios particulares, plazas comerciales y dependencias gubernamentales. El pago integro de los servicios que ofrecía la P.A. eran recibidos y controlados por el GDF, generándole millonarios ingresos al gobierno en virtud de los reducidos salarios que pagaban y siguen pagando a los miembros de la P.A., que, aproximadamente, reciben la tercera parte de los ingresos totales que recoge el GDF.

            A raíz de los sucios manejos que el GDF hizo con estos recursos, en 2005, bajo la administración de la célebre Rosario Robles, se creó la Caja de Previsión de la Policía  Auxiliar con el objetivo de tener un mejor control sobre los ingresos y egresos de dicha corporación. Sin embargo, nada ha cambiado, hoy en día, dicha Caja de Previsión, sigue siendo la “caja chica” del GDF y botín económico de unos cuantos ladrones marrulleros al servicio del poder. Existen innumerables denuncias y quejas respecto al mal manejo que hay en esta Caja de Previsión, revelando con ello que miles de integrantes de la P.A. se encuentren en la completa indefensión económica y laboral: adeudándoles pago de pensiones, pago y acreditación de incapacidades, despidos injustificados, reinstalaciones, indemnizaciones o incumplimiento en apoyos de los programas de protección social, entre otros muchos problemas.  

La  atención médica que reciben los miembros de la P.A. es deplorable. Generalmente, el servicio médico se ofrece a los policías a través de convenios y concesiones con hospitales privados que les dan una atención discriminatoria; por ejemplo, si llega un adinerado paciente se le brinda la mejor de las atenciones, mientras que al policía auxiliar se le margina y relega, además, con frecuencia las medicinas dictadas por el médico en la consulta son distintas a las que éstos reciben, “no hay” medicinas o, en el mejor de los casos, son sustituidas por algunas similares.

            En este sentido, cabe señalar el sucio manejo de los recursos económicos que realizan los encargados de la Caja de Previsión de la P.A., por ejemplo, en el control y adquisición de medicamentos. Con base en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, en mayo de 2010, sobre la adquisición de medicamentos asociados al Catalogo Universal de Servicios de Salud, las instancias de gobierno tienen la facultad de comprar medicinas a precios preferenciales, sin embargo, los encargados de la Caja de Previsión pagaron a la empresa LOMEDIC S.A de C.V. precios muy por encima de los establecidos en el acuerdo federal: por ejemplo, el Clonazepam que se etiqueto en 21.92 pesos se compró a 321 pesos, el Fenobarbital de 44.20 se compró en 296 pesos, el Lorazepam de 60.04 se pagó en 642 pesos o la Sertralina de 133.25 se pagó en 782 pesos. ¿Quiénes salen ganando en este negocio? ¿Quiénes se benefician con el sucio manejo de la Caja de Previsión de la P.A.?

    

Existen, pues, un sinnúmero de problemas relacionados al funcionamiento económico y   laboral en la P.A. La inconformidad se acrecienta, sin embargo, para evitar cualquier intento de rebeldía existe el “Consejo de Honor y Justicia”, que según la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal en su artículo 53 fracción IV, dice: “El Consejo de Honor y Justicia velará por la honorabilidad y reputación de los cuerpos de seguridad pública”, sin embargo, en el terreno de los hechos se ha convertido en una especie de Santa Inquisición, donde todo aquel que  estorba a los intereses del poder, es sancionado severamente o expulsado de manera definitiva, sin ningún tipo de garantía laboral.  Entre los integrantes de los cuerpos policiacos se dice, “si te aplican el ‘Consejo de Honor y Justicia’, es seguro que te van a destituir”. Incluso, hay policías que aún después de haber recibido condecoraciones y reconocimientos por su valentía, es hora que no los han indemnizado porque el “Consejo de Honor y Justicia” no lo ha aprobado. 

Los policías auxiliares son también parte del pueblo pobre de México. Viven en difíciles condiciones económicas y sociales, no cuentan con sindicato que los defienda, las autoridades encargadas de velar por sus intereses se preocupan sólo por los millonarios ingresos que diariamente obtienen por el trabajo de éstos, situación que es permitida y tolerada por el GDF. Siendo la seguridad de la ciudadanía un derecho de la población, una obligación del gobierno y una necesidad por la situación actual que vive el país, debería, entonces, existir un verdadero control de los ingresos y egresos de la P.A., una significativa mejoría en la retribución económica por su trabajo, mejores prestaciones contractuales, asignar mayores recursos para su capacitación y adiestramiento, una atención médica de calidad para activos y pensionados, así como un estricto respeto a sus derechos laborales. De lo contrario, tarde o temprano, de manera organizada y consiente, la Policía Auxiliar habrá de levantarse luchando por mejorar sus lamentables condiciones de trabajo. Esa es la única salida.